Un contingente de funcionarios estadounidenses viajará a Panamá para colaborar con las autoridades locales en el procesamiento de solicitudes de migrantes, según confirmaron fuentes gubernamentales de Estados Unidos.
En detalle, el Gobierno implementará un programa piloto de seis meses con el objetivo de respaldar a Panamá en la revisión de solicitudes de migrantes que ingresen al país y en la deportación de aquellos que no cumplan con los requisitos para permanecer.
Se deportará a personas que no cumplan con los criterios de «necesidad de protección internacional u otros requisitos legales» para quedarse en Panamá, según informó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia de noticias EFE.
El grupo de funcionarios estará compuesto por empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado.
Adicionalmente, las autoridades estadounidenses también brindarán asistencia al Gobierno de Panamá para obtener financiamiento destinado a fortalecer sus operaciones de deportación, según informó la cadena CBS.
Aunque aún no hay una fecha establecida para el inicio de la visita, el medio señala que se está a la espera de la firma de un acuerdo entre Washington y Panamá, siendo este último uno de los principales países de tránsito en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca por controlar el flujo en la frontera sur con México, que ha alcanzado cifras récord este año con más de dos millones de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza.
En lo que va de año, más de 400,000 personas han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién, frontera natural con Colombia, lo que evidencia la magnitud de la actual crisis migratoria en la región.
Según un informe de Human Rights Watch, las restricciones de movimiento impuestas por los gobiernos de América, con el respaldo de Estados Unidos, han llevado a miles de personas a optar por rutas más peligrosas, incluida la travesía por el Darién.
La mayoría de quienes cruzan de Colombia a Panamá son de Venezuela, país que enfrenta la mayor crisis humanitaria del continente, con más de siete millones de personas que han abandonado el país en los últimos años, según datos de gobiernos y agencias de la ONU.
