Departamento de Justicia pidió a juez federal bloquear la ley SB 264 de Florida
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) solicitó a un juez federal que impida la implementación de una nueva legislación en Florida que restringe la adquisición de propiedades en áreas cercanas a infraestructuras críticas, como aeropuertos, puertos o centrales eléctricas, por parte de ciudadanos de China, Venezuela, Cuba y otros cuatro países.
Abogados del Departamento de Justicia presentaron una Declaración de Interés en la que además de solicitar el bloqueo de la ley SB 264 por ser «anticonstitucional», respaldan una demanda presentada por un grupo de inmigrantes chinos residentes en Florida y una empresa del sector inmobiliario.
La Declaración de Interés del DOJ argumenta que la mencionada ley, recientemente aprobada por el gobernador Ron DeSantis, viola la Ley federal de Vivienda Justa y la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de los Estados Unidos.
La SB 264, que restringe la compra de determinadas propiedades a la mayoría de los ciudadanos de China, así como a aquellos provenientes de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte, entrará en vigencia el próximo sábado, según informó la agencia EFE.
La ley prohíbe a la mayoría de los ciudadanos de estos países adquirir propiedades situadas a menos de 10 millas de infraestructuras civiles o militares consideradas «críticas».
Aquellos ciudadanos de estas naciones que ya poseen una propiedad o terreno podrán mantenerla, sin importar su ubicación, pero estarán obligados a registrarlas a partir de enero de 2024.
«Estas disposiciones ilegales causarán daños graves a las personas simplemente por su origen nacional, violarán las leyes federales de derechos civiles, socavarán los derechos constitucionales y no cumplirán el supuesto objetivo del estado de aumentar la seguridad pública», expresaron los abogados del DOJ en su solicitud de bloqueo.
La medida forma parte de un conjunto de aproximadamente 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal que entran en vigencia a partir del 1 de julio.
