El pasado viernes 27 de octubre culminó la etapa de alegatos en el juicio en contra del parole humanitario, con el que 21 estados demandaron al Gobierno para poner punto final al programa que ha traído a más de 240.000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a los Estados Unidos gracias a un patrocinador.
Los argumentos de ambos lados ya fueron sometidos ante el juez Drew B. Tipton, quien es el encargado de tomar una decisión.
En los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 podría darse un anuncio por parte de Tipton, quien estaría en una posición más favorable para saber si se bloquea o no el programa.
Será el cierre de un largo proceso judicial que inició con la demanda interpuesta en el primer trimestre del año y que condujo al inicio del juicio a finales de agosto.
Desde entonces, el juez Drew Tipton, un jurista designado por Donald Trump que falló en contra de la administración Biden sobre las prioridades de deportación, ha escuchado a cada una de las partes involucradas.
Uno de los argumentos de los demandantes es que el programa de libertad condicional causa daños financieros porque tiene que brindar servicios, incluidos programas de detención, educación, servicios sociales y licencias de conducir, a los inmigrantes en libertad condicional, según reseñó la Voz de América.
No obstante, hasta que no ocurra la sentencia del juez, las personas interesadas pueden seguir aplicando al parole humanitario siempre que cuenten con un patrocinador que posea un estatus legal en los Estados Unidos.
El tiempo de respuesta a las solicitudes puede ser lento, aunque variable, con millones de casos que siguen a la espera de una comunicación por parte de las autoridades.
Recordemos que el parole tiene un año funcionando para los venezolanos y casi 10 meses para las otras tres nacionalidades, permitiendo el ingreso de 30.000 personas por mes con la posibilidad de pedir un permiso de trabajo.
