En medio de la creciente demanda de información sobre el proceso de parole humanitario en Estados Unidos, resulta importante emitir una advertencia categórica: no se puede acelerar el trámite y cualquier afirmación en contrario es falsa.
El parole humanitario, un alivio migratorio lanzado por Estados Unidos en enero de 2023, se ha convertido en un tema de gran interés para cientos de miles venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que buscan autorización para entrar temporalmente al país gracias a un patrocinante.
Pero a pesar de las expectativas y supuestas conexiones que pueda presumir alguien con personas en el gobierno, el proceso sigue siendo una cuestión de trámites legales y no de influencias políticas o sociales.
El retraso en las aplicaciones es una realidad y se debe a la crisis migratoria que enfrenta el Gobierno federal. Según reportes periodísticos, existen millones de trámites de este programa sin respuesta sin importar la fecha en la que se haya solicitado el parole.
Bajo este programa, el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de otorgar autorización de viaje a hasta 30,000 no ciudadanos cada mes, permitiéndoles solicitar un permiso de permanencia temporal de forma individual, bajo procedimientos específicos para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.
También es importante ratificar que el acceso a estos procesos es completamente gratuito. Ni la persona de apoyo que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno de Estados Unidos para presentar el Formulario I-134A o ser considerados para la autorización de viaje o el permiso de permanencia temporal.
Cualquier solicitud de dinero relacionada con este proceso debe ser considerada con escepticismo, ya que podría ser una estafa o un intento de explotación por parte de personas inescrupulosas.
Además, las autoridades de inmigración advierten a los solicitantes que necesiten asesoramiento legal que solo confíen en profesionales debidamente autorizados. Solo un abogado o representante acreditado, que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia, está habilitado para brindar asesoramiento legal en cuestiones de inmigración. Cualquier otra fuente de asesoramiento legal puede resultar en problemas legales y complicaciones en el proceso.
