La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), también conocida como Corte de Inmigración, se encuentra frente a una abrumadora acumulación de casos, con cifras récord que superan los 2.6 millones.
De estos, casi un millón son solicitudes de asilo, según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Estas estadísticas establecen un nuevo hito y plantean serios desafíos para la capacidad del gobierno de gestionar adecuadamente el proceso migratorio.
La base de datos del TRAC revela que hasta el pasado 20 de agosto, la EOIR tenía en sus manos un total de 2,620,591 casos. De estos, 983,094 correspondían a peticiones de asilo defensivo.
En enero, la Corte de Inmigración ya tenía acumulados 2,056,328 expedientes, de los cuales poco más de 800,000 estaban relacionados con solicitudes de asilo, según el TRAC. El informe destaca que en agosto de 2023 se registró un récord en el número de casos de deportación presentados ante la EOIR. En total, se enviaron 180,065 nuevos Avisos de Comparecencia (NTA).
Los investigadores del TRAC subrayan que esto representa un aumento del 19% en tan solo un mes. Además, señalan que las presentaciones de asilo registradas en julio habían alcanzado un máximo previo de 151,910. A pesar del notable aumento, advierten que la tasa de crecimiento se ha moderado en comparación con el salto del 28% observado entre los meses de junio y julio.
El estudio del TRAC también revela que, hasta el 20 de agosto, se habían añadido más de 1,230,000 nuevos casos de deportación al expediente de la Corte durante el año fiscal 2023.
En cuanto a los estados con mayor número de casos pendientes en las cortes de inmigración, California lidera la lista con 160,297 casos nuevos.
De los 13 estados con mayor número de casos, solo California y Texas tienen frontera con México.
Los 11 restantes son Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Tennessee y Virginia. Esta acumulación de casos plantea una serie de desafíos tanto para el sistema judicial como para la gestión de la inmigración en Estados Unidos.
